El informe ‘Retribuciones docentes en la Enseñanza Pública 2022′ de UGT refleja los distintos sueldos de los profesores en España según la comunidad autónoma en la que trabajen. En Educación Primaria, los salarios medios brutos oscilan entre los 2.609 euros al mes del País Vasco y los 2.170 de Aragón.
Además de los profesores vascos, los docentes que desempeñan su labor en Cantabria también pueden estar de enhorabuena porque registran el segundo sueldo más alto: 2.409 euros. En tercer lugar aparece Castilla-La Mancha que remunera a estos profesionales con 2.410 euros al mes. En el lado opuesto se encuentran Aragón y Madrid con una remuneración de 2.224 euros al mes, las más bajas de toda España. Aunque muy cerca de estos registros se queda Andalucía con 2.227 euros mensuales.

Los pequeños de la casa tienen a los profesores como figuras de referencia fuera del hogar. Su labor docente inspira desde la más tierna infancia, una admiración que se extiende durante toda la etapa educativa y empuja a que muchos de esos niños quieran ser profesores de mayores. La predilección por esta profesión se transforma en vocación para aquellos que deciden finalmente dedicar su carrera laboral a la docencia.
En concreto, en el curso 2020-2021, había 809.270 docentes, la cifra más alta de la serie histórica, según los datos del Ministerio de Educación. Del total, 274.227 docentes trabajaron en centros de educación secundaria (de ESO, FP y/o Bachillerato).
Aquellos que consiguieron su plaza tras superar una oposición gozan de una seguridad laboral y salarial que muchos aspiran conseguir, aunque es importante saber que también existen diferencias por comunidades autónomas.

En este punto, conviene recordar algunas cosas, para disgusto de nacionalistas.
Los Cuerpos Docentes son nacionales, es decir, estatales y, como tales, son traspasados a las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas en Educación.
El hecho de que cobren retribuciones diferentes, según el lugar en el que ejerzan, es una clara discriminación que “olvidan” los acérrimos defensores de la igualdad.
Conviene destacar, además, que la mayor parte de los docentes en España son mujeres. Su presencia varía desde el 96,7% en educación infantil hasta el 41,3% en las universidades. Según el informe Igualdad en cifras MEFP , publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la última década la presencia femenina en puestos de dirección de centros no universitarios ha aumentado 15 puntos porcentuales.
En términos generales, el 65% de los puestos de dirección los ocupan mujeres, así como el 65,9% de las secretarías y el 64,8% de las jefaturas de estudio, aproximándose al peso que tienen las mujeres en estos centros. Estos porcentajes crecen, según lo expuesto anteriormente, en educación infantil (superiores al 93%) y descienden a sus mínimos en los centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y/o Bachillerato y/o Formación Profesional (38,4%, 47,4% y 51,4%, respectivamente). Pero es que, además, es una clara discriminación que atenta directamente contra la Constitución Española, concretamente va contra el artículo 14, que establece:
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Esperemos que a algún partido político le dé por incorporar una propuesta electoral en la antesala de un año, 2023, en el que se realizarán convocatorias electorales a todos los niveles.
En una época en la que todos los partidos “rebuscan” para añadir temas a sus propuestas electorales, la Sociedad Pedagógica Tartessos, les ofrece este tema estrella
No abrigamos muchas esperanzas de que esto ocurra, teniendo en cuenta que – hasta ahora – ningún partido político se ha molestado en estudiar esta situación, a pesar del tiempo transcurrido.
A finales de septiembre, el gobierno central, quizás a causa de las inminentes citas electorales, empezó a tantear a los sindicatos, ante las desbocadas cifras de inflación proponiendo cifras realmente ridículas. Empezó ofreciendo una subida del 2,5% después de dos meses, durante el verano, con una inflación superior al 10%. Posteriormente aumentó hasta el 7,5% (9,5% si incluimos el aumento del 2% a finales de 2022, pero incluyó otro factor: El acuerdo abarcaría 3 años.
Firmar acuerdos a tres años vista en una situación tan delicada como la actual es una temeridad. Arriesgarse a una subida del 2,5% en 2023 y del 2& en 2024 es atarse de antemano con subidas que, seguramente, quedarán desfasadas.
Por otra parte, estos Acuerdos afectarían sólo a las retribuciones básicas, puesto que las complementarias son competencia de las distintas Comunidades Autónomas y, como hemos indicado anteriormente, las desigualdades son más que patentes.
El acercamiento de las retribuciones complementarias a la media nacional, como ha ocurrido en Andalucía, es un gesto de buena voluntad que hay que valorar como un paso adelante, aunque acercarse a la media no soluciona el problema, sólo es un pasito más, que se agradece.
Ofrecer una reducción de horario a 35 horas semanales, aparte de ser una medida de “quita y pon” ensayada otras veces, no aborda el tema clave que sigue siendo el horario de docencia directa. Lo único que hace es reducir horario de otras actividades profesionales, tales como tutorías, reuniones de coordinación, formación docente, etc … que siguen sin reconocerse en su importancia real y, desde luego, siguen sin abordarse.
Hasta aquí, hemos hablado del gobierno estatal actual, que si que ha repetido su apuesta decidida a aumentar las pensiones de acuerdo con el IPC. Claro que los pensionistas son ya casi 10 millones y, además, votan. No hemos oído ninguna propuesta de ningún otro partido político, al menos hasta ahora.
