El título que proponemos para el futuro Estatuto Docente intenta denominar la conocida también como carrera docente, de una manera positiva.
Recientemente, Pilar Alegría, la nueva ministra, ha asegurado que tiene intención de retomar a partir de enero la reforma de la carrera docente que su predecesora, Isabel Celaá, dejó en suspenso y que, hasta ahora, ningún Gobierno se ha atrevido a acometer.
Con ocasión del Día Mundial del Docente, afirmó: “Ellos y ellas se merecen el mayor de los reconocimientos y por eso vamos a situarlos en el lugar que les corresponde.”
En su equipo no quieren hablar de MIR educativo – no se plantea, de momento, un examen nacional como el que tienen los sanitarios-, pero sí que quieren hacer un cambio tanto en la formación inicial como en los primeros pasos de los maestros en las aulas, así como en el desarrollo a lo largo de toda su profesión.
Por eso, ha revelado, está en conversación con la Conferencia de Decanos de Educación, con la Conferencia de Rectores (CRUE) y con el Ministerio de Universidades para acometer un triple cambio. En primer lugar, va a impulsar «a través de diferentes normas y acuerdos» una «revisión» de la carrera de Magisterio para que los contenidos que estudien los futuros docentes «tengan una parte más práctica», según fuentes educativas, y no tan teórica y apegada a las didácticas como es ahora.
Es evidente que las nuevas necesidades del Sistema Educativo lo demandan con urgencia. Hay una serie de aspectos muy importantes que deben “revisarse”, sin olvidar las competencias de las Comunidades Autónomas.
Aspectos como la Educación Emocional, la Educación Medioambiental, la Competencia Digital, la Acción Tutorial, etc… necesitan un tratamiento más profundo.
La formación del profesorado debería seguir el modelo de la FP Dual. El Prácticum debe sustituirse por la práctica docente a lo largo de toda la carrera con la tutorización del profesorado de los centros escolares en que las hagan. Y por supuesto, pagadas adecuadamente. Es otro aspecto que no debe olvidarse y que debería contemplarse en el futuro Estatuto.
En cuanto a las “menciones” debe recogerse la gran olvidada: La Educación de Adultos.
Su curriculo es significativamente diferente del de las actuales menciones, no sólo por la edad del alumnado, que también.
Son extremadamente útiles para la lucha contra los efectos del abandono escolar o la integración de la población inmigrante.
Requiere una formación específica en relaciones humanas, sobre todo emocionales, para conseguir sus objetivos. La acción tutorial alcanza su plenitud en estos casos, para motivar a quienes abandonaron el sistema educativo a volver a él, formarse y aspirar a mejorar sus condiciones laborales.
Este planteamiento es aplicable también a la población inmigrante que, en muchos casos, empieza chocando con el nuevo idioma, suele necesitar formación laboral y, sobre todo, sentirse integrada en la nueva sociedad.
A la hora de determinar los requisitos de acceso al concurso-oposición, lo primero que debe “revisarse” es la situación de los actuales interinos.
Es la ocasión de eliminar el abuso continuado de las Administraciones Educativas de la figura del interino.
Las estadisticas permiten conocer con bastante antelación el número de alumnado de las distintas edades, por lo que no tiene sentido mantener los conceptos de plantilla estructural y plantilla de funcionamiento, de la forma en que se usa en la actualidad. De hecho, la plantilla de funcionamiento no tiene sentido más alla del comienzo de un curso escolar, para reajustar la plantilla.
Esta medida deberá acompañarse con la oferta de todas las plazas vacantes que existen en la actualidad.
Es cierto que se tienen que respetar los principios de mérito, capacidad, etc… que impone la normativa. Pero también es cierto que las miles de personas que llevan años sufriendo este abuso tienen derecho a una indemnización, que podría materializarse en una Ley que les hiciera fijos, con independencia de que, posteriormente, cada año se convocará el concurso-oposición ordinario.
No sería la primera vez que se conovcan oposiciones restringidas.
Quizás sea necesario un nuevo zasca de la Unión Europea.
Seguimos con las declaraciones de la ministra en la Comisión de Educación del Congreso;
Fuentes del Ministerio explican que no va a haber un cambio en el modelo de oposiciones, sino que se va a fomentar que haya «más contacto profesional con las aulas» antes de que los maestros comiencen a dar clases.
Estamos en completo desacuerdo con lo primero y completamente de acuerdo con lo segundo.
El modelo de oposiciones ha quedado más que obsoleto. La memorización de unos temas para su exposición oral o escrita, la presentación de una programación de aula, etc… no garantizan la idoneidad de los candidatos de ninguna manera.
Abogamos por cambiar todo el sistema. Empezando por la composición de los propios Tribunales. No es de recibo que se elijan los vocales por sorteo. El Tribunal debe ser profesionalizado. Tener formación en la selección de personal, como en cualquier empresa.
Las pruebas deben ser prácticas y enfocadas al trabajo diario a desempeñar: motivación del alumnado, resolución de conflictos, acción tutorial con alumnado y familias, desarrollo de competencias, programación de actividades, etc…
Otro aspecto a incluir en el futuro Estatuto Docente es la figura del Profesorado Emérito. Ya existe en la Universidad y se estudia extenderlo a otras áreas. Si, como dice la actual ministra, quiere prestigiar más la labor de los docentes, aquí tiene otra medida.
Es demencial que se desaproveche la formación y la experiencia acumulada por tantos docentes. Deberíamos aprovecharla por pura economía y pagarla, naturalmente. Ya es meritorio que un profesional, una vez jubilado, ofrezca su saber y su experiencia como para utilizarlo gratuitamente como quien la hace un favor.
La regulación de la jornada, vacaciones y permisos es un aspecto tan importante que debería regularse a nivel estatal.
Las tareas a desempeñar en el puesto de trabajo necesitan un estudio profesional minucioso como el que se hace en cualquier empresa.
Resulta extremadamente llamativo que los sindicatos que, en teoría, representan los intereses profesionales de los docentes hagan tan poco hincapié en este aspecto, cuando son muy combativos en los demás casos, tanto en las empresas privadas como en las públicas. Si de las 30 horas de permanencia en el centro, destinamos 25 a docencia directa con un grupo de alumnado, como es el caso del profesorado de Educación Infantil, y destinamos los 5 restantes a actividades de tutoría, coordinación pedagógica, Claustros, Consejo Escolar, y tropecientas tareas más, nos encontramos con un profesorado totalmente colapsado que se ve obligado a “añadir” muchas horas de su ocio al trabajo.
Resulta llamativo constatar el poco respeto que las Administraciones muestran ante actividades tan importantes con las tutorías, tanto del alumnado como de las familias. No se contempla ningún tiempo para preparar el contenido de las sesiones tutoriales.
En el caso de las familias, asignarle una hora semanal supone atender unas 4 entrevistas cada semana, un máximo de 16 entrevistas al mes (si no hay ningún festivo). Sólo una sesión de 15 minutos cada dos meses.
¿Y en que horario se preparan las entrevistas?
En la mayoría de las ocasiones requieren consultas con otros docentes, con otros especialistas, tanto del centro como externos, … hay que elaborar un acta… En fin … habría que asignar, al menos una hora más de esas 5, con lo que ya hemos utilizado 2.
Las sesiones del equipo docente están en la misma situación. Es recomendable celebrar una sesión semanal. Si destinamos 1 hora a esta sesión, dispondremos de 1 o 2 minutos para hablar de cada alumno/a. Y también nos encontramos con el mismo problema: ¿En qué horario se prepara la información?
En fin … habría que asignar, al menos una hora más de esas 5, con lo que ya hemos utilizado 4.
Las sesiones de coordinación de Ciclo o de Departamento disponen únicamente de 1 hora.
Siguiendo con el esquema anterior, la preparación de la sesión habría que descontarla del horario de libre disposición, de no obligada permanencia en el centro, con lo que reducimos a 4 las horas disponibles.
Y, otras tareas como el Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado, Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado, Organización y mantenimiento del material educativo … ¿En qué horario se hacen?
Volviendo a las 4 horas restantes del horario de libre disposición, tendremos que descontar de ellas:
· Las sesiones de Claustro y Consejo Escolar.
· Las sesiones de Evaluación.
· La programación de las actividades semanales, tanto las escolares como las complementarias y extraescolares.
· La documentación Académica:
- Control de asistencia y traslado a Séneca.
- Redacción de Actas de Evaluación y traslado a Séneca.
- Actualización del portafolio personal de cada alumno/a.
- Redacción de informes sobre convivencia, sobre peticiones de juzgados, servicios sociales, Sanidad, …
- Informes para Orientadores, profesorado de apoyo, … para necesidades de atención a la diversidad.
· Y un largo etcétera.
¡Anda! Se nos ha olvidado que queremos que el profesorado se actualice continuamente. Pero … ¿de dónde sale el tiempo para hacerlo?
Este problema, que no debemos endosar únicamente a las Comunidades Autónomas, debe resolverse a nivel estatal, entre otras cosas, porque no se soluciona más que de una manera: disminuyendo el horario de docencia directa. Y eso significa una cosa muy clara: Más profesorado, es decir, más dinero. Es el Estado Español el que debe garantizar la igualdad en todo el territorio porque no sólo significa una homogeneización de la profesión docente sino, también, una garantía de igualdad de trato del alumnado español.
Y, para rematar la faena, nos encontramos con otro problema grave, esta vez del profesorado de Educación Permanente: No puede asistir a la mayoría de las actividades formativas programadas por los Centros de Profesorado porque en los horarios en que se realizan se encuentran trabajando.
Las retribuciones básicas y una homogeneidad en los conceptos de las retribuciones complementarias son otro de los elementos que conforman la esencia definitoria de la profesión docente y, en eso, no debe haber diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas que forman el Estado Español.
Es evidente que estos factores tienen un profundo calado económico, como también lo es que todos los españoles deben ser iguales ante la Ley, tanto alumnado como profesorado y es el Estado Español el responsable de garantizarlo.
Los privilegios obtenidos por algunas Comunidades Autónomas no pueden ir contra uno de los principales principios de nuestra Constitución.
Los cuerpos docentes son los únicos cuerpos funcionariales de carácter estatal, es decir, su ingreso, acceso y movilidad por todo el Estado está regulado a nivel nacional y es idéntico en todas las Comunidades Autónomas, pero, a su vez, están transferidos a las CCAA y sus retribuciones son abonadas por las mismas.
Así, en los últimos años, la brecha salarial ha ido aumentando progresivamente, llegando a ser, en algunos casos, de más de 6.000 euros anuales por realizar las mismas funciones y habiendo accedido con los mismos requisitos y condiciones, simplemente dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se esté trabajando.
A lo anterior hay que añadir que algunas CCAA tienen una carrera profesional retribuida, mientras otras no incentivan la formación ni participar en los proyectos de los centros. Otras tienen complementos por formación permanente, tutoría, coordinación de nivel o ciclo, jefatura de departamento, residencia, peligrosidad, formación, maestros en IES, entre otros, que son retribuidos o no en función de la CCAA donde se trabaja, o bien hay importantes diferencias salariales.
Al igual que hay también complementos por ejercer cargos directivos en nuestros centros educativos que son retribuidos de manera desigual según la autonomía en la que se ejerza, aunque los centros educativos sean de idénticas características.
No es de recibo que existan importantes diferencias salariales entre el profesorado, según el lugar de destino. Y, de nuevo, nos volvemos a acordar de los sindicatos. ¿No son ellos, los encargados de velar por los derechos del profesorado? ¿No tienen una estructura nacional, autonómica, provincial, …? ¿No negocian a todos estos niveles?
Entonces, ¿Cómo se explica que acepten esas diferencias? Y esto no es algo puntual. Esto es algo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo y cada vez las diferencias son mayores.
Es comprensible que las CCAA deseen diferenciarse entre sí en aspectos culturales, idiomáticos, etc. … pero de ahí a diferenciarse en el tratamiento de las distintas profesiones, tanto en las funciones y competencias como en temas retributivos, va un abismo.
Y debemos solucionarlo cuanto antes. O cambiar el art. 14 de la Constitución.
Manuel Morilla Jarén,
Presidente de la s. p. Tartessos
Revista de Educación Tartessos 