Una de las mayores desgracias que ha sufrido y sigue sufriendo el sistema educativo español y, por ende, el andaluz es el de ser utilizado como arma política por los distintos partidos.
Separar la política de la educación es difícil. El sistema educativo transmite no sólo información/conocimiento sino también valores. Quizás, el problema principal radica en ponerse de acuerdo sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir.
Década tras década continúa el enfrentamiento entre derecha e izquierda por imponer “su modelo” al resto. La izquierda parece querer resarcirse de la opresión vivida durante el periodo de dictadura actuando del mismo modo que critica.
Y, en eso están de acuerdo todos, el sistema educativo se percibe como el mejor instrumento para conseguir los objetivos marcados por la ideología.
La reciente fragmentación de la derecha y de la izquierda no hace más que agravar el problema, pues ambos extremos empujan a todos a una radicalización de las posturas difícilmente conciliables.
Además, parece que el espacio de centro político merma cada día más, quizás influido por una progresiva disminución de la clase media.
Para colmo, los nacionalismos y populismos han irrumpido con fuerza en este escenario de combates ideológicos tratando de hacer lo mismo: utilizar el sistema educativo para imponer su ideología al conjunto de ciudadanos, ya sin ningún disimulo.
En lugar del consenso parece que se busca el enfrentamiento y la descalificación de un adversario que cada vez se parece más a un enemigo.
La consecuencia inmediata de esta situación es el cambio del sistema educativo para adaptarlo a la ideología gobernante en ese periodo. De ahí el continuo cambio de la Leyes Orgánicas de Educación.
Si las analizamos a fondo, en realidad no se preocupan demasiado por los contenidos educativos, por las competencias básicas, … sino sólo por una parte del currículo, que conocemos como currículo oculto y que tiene que ver precisamente con los valores, con el modelo de ciudadano y de sociedad que queremos construir.
El principal campo de batalla tradicional ha sido el del ámbito religioso. La iglesia católica ha dispuesto tradicionalmente de su propio sistema educativo, que ha sido adoptado y defendido por la derecha política. Podríamos decir que se han convertido en inseparables compañeros de viaje.
En tiempos del gobierno de Felipe González, en 1985, los colegios de iniciativa privada sostenidos con impuestos se establecieron como parte del sistema público, con las mismas condiciones teóricas que los públicos, mediante la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), por falta de recursos.
El PSOE quería universalizar y alargar (de 14 a 16 años) la enseñanza obligatoria y gratuita, pero la red de centros públicos no daba más de sí.
La opción de construir nuevos colegios estaba descartada de antemano, por lo que se decidió conveniar el servicio con los centros privados que desearan integrarse en el sistema.
Se les obligaría a aceptar los mismos requisitos de admisión y funcionamiento que los públicos y se establecieron los módulos económicos correspondientes para financiar las unidades concertadas, además de hacerse cargo de los salarios de los docentes.
Pero lo que en principio se planteó como una medida para aumentar la edad de escolarización obligatoria fue progresivamente aprovechado para establecer dos sistemas educativos financiados con fondos públicos.
Más de 30 años después, el debate en torno a este modelo educativo ha mutado de la necesidad a la ideología, con la bandera de la libertad de elección como estandarte (de algunos).
Las mayores críticas que reciben los centros concertados se refieren a que no respetan los requisitos de admisión, mediante cuotas voluntarias, que en la práctica no lo son en muchas ocasiones y procurando no escolarizar a alumnado problemático (léase inmigrantes, de etnia gitana, con necesidades educativas especiales, …), en resumen, seleccionando así a su alumnado, lo que evoca en los padres la idea de escuela para ricos, a la que todos desean llevar a sus hijos.
Por otra parte, al mayor porcentaje de alumnado problemático, atendido en los centros públicos, se ha sumado últimamente las campañas sobre diversidad sexual, llevadas a cabo mayoritariamente en los centros públicos.
A la campaña en favor de la igualdad real entre hombres y mujeres, derecho contemplado no sólo en los tratados internacionales firmados por España (Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) sino en nuestra propia Constitución, se han ido uniendo otras campañas sobre educación afectivo-sexual, principalmente en favor de los colectivos LGTBI, entre otras, no asumidas por los sectores políticos de derecha, que contraatacan con el pin parental.
Como podemos ir vislumbrando, poco a poco, se van delimitando dos sistemas educativos financiados con fondos públicos.
En España, el progresivo avance de la enseñanza concertada es ya una realidad imparable.
Basta con echar un vistazo a los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Educación (curso 2016/17) para comprobar que, además de todo lo dicho anteriormente, es en las Comunidades Autónomas más ricas donde la proporción de concertados es mayor, llegando a estar prácticamente igualadas en el País Vasco.
El último debate se está centrando en el pin parental, es decir, en la reclamación que hacen los sectores de la derecha tendentes a otorgar a cada familia un derecho de veto sobre las actividades complementarias (principalmente) que realizan sus hijos.
No parece que sea suficiente que los Consejos Escolares, en los que está ampliamente representado el sector de familias, tengan la facultad de aprobar y, por tanto, de modificar el Proyecto Educativo.
El pin parental es simplemente ilegal. Es igual que si propugnamos el pin tributario, que nos permitiera decidir si participamos o no en el pago de impuestos o si nuestros impuestos se emplean en una cosa u otra.
Pero, además, muestra una total desconfianza en la profesionalidad del profesorado. Es en las edades más tempranas donde los conflictos suelen ser más frecuentes.
En Andalucía, y para la Educación Infantil, Primaria y Especial, el Decreto 328, establece:
Artículo 20. El Plan de Centro.
…
2. El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado en el apartado siguiente. En su elaboración el equipo directivo requerirá la colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación docente.
…
4. El Plan de Centro tendrá un carácter plurianual, obligará a todo el personal del centro y vinculará a la comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26 o a propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección.
5. El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la ciudadanía en general.
En resumen, el Plan de Centro es una normativa de obligado cumplimiento que vincula tanto al Claustro como a las familias.
Es un mecanismo igual que el que se sigue para aprobar las leyes. Los ciudadanos eligen a sus representantes en el Parlamento, que son los que aprueban las leyes. Una vez aprobadas, los ciudadanos no pueden elegir si las cumplen o no.
Cuando el Consejo Escolar (Parlamento) aprueba el Plan de Centro (Ley) ninguna familia puede decidir si sus hijos las cumplen o no en el horario escolar.
Otra cosa es si deciden inscribirlos en servicios complementarios (aula matinal, comedor, …) o actividades extraescolares, o no abonar el precio de una actividad complementaria, lo que conlleva su no participación, pero si su atención educativa por parte del centro, ya que es horario escolar.
Volviendo al principio estamos utilizando la educación para intentar imponer un modelo u otro de sociedad, educando a los futuros ciudadanos.
En estas circunstancias hablar de un Pacto por la Educación suena a chiste, sabiendo como sabemos que ninguna de las partes está dispuesta a renunciar a sus principios ideológicos.
Sin embargo, no parece deseable la existencia de dos sistemas educativos en un Estado como el español que, además, poco a poco, va configurando 17 sistemas educativos distintos.
Sin pretender entrar en ninguna polémica no parece muy lógico pertenecer a una Unión Europea que pretende uniformar determinados ámbitos a nivel supranacional al mismo tiempo que se crean cada vez más diferencias en los ámbitos regionales.
Lo que queda cada vez más claro es que los políticos sólo se acuerdan de la Educación para usarla como un arma más para descalificar a los demás partidos, por lo que deberíamos preocuparnos – y bastante – por el interés real que tienen en ella.
Como muestra más que significativa podemos tomar el tiempo que dedicaron al tema los candidatos en los 2 debates electorales en las elecciones del 24 de abril.
En el debate de TVE (100 minutos) la educación apareció (durante 1 minuto y 5 segundos … y desapareció)en el segundo bloque, dedicado a las políticas sociales, el Estado del Bienestar, pensiones e igualdad.
En el segundo debate, organizado por A3 (87 minutos) que contemplaba explícitamente el tema educativo, los candidatos ahondaron algo más en sus propuestas. Durante los 7 minutos que dedicaron los cuatro candidatos al tema explicaron un poco más los puntos que ya recogían en sus programas electorales.
En el debate de las elecciones del 10 de noviembre, se dedicaron apenas 56 segundos a la educación.
Quedaron fuera de los debates cuestiones que en otros momentos han estado en primera línea de la actualidad política: cómo promover la educación inclusiva, o por qué la inversión pública de España en educación sigue siendo una de las más bajas de Europa en relación al PIB. En este último punto, el PSOE se ha comprometido a llegar al 5% … ¡en 2025! Prácticamente nada sobre un posible Pacto por la Educación, el Estatuto Docente o el abandono escolar temprano.
Como podemos ver, el panorama se presenta desolador.
Sin embargo, no es posible tirar la toalla y dejarse llevar por el desánimo. La Educación es tan importante y tan básica que esa actitud sería suicida. Y, por supuesto, necesita un Pacto de Estado respetado por todos.
Pero… ¿los profesionales de la Educación no pintan nada en todas estas polémicas?
Siguiendo con el citado Decreto 328, el Título II se refiere al profesorado. En su Capítulo único, se regulan las funciones, deberes y derechos del profesorado. Y el art.7.1. establece, entre otras, las siguientes:
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.
¿Se puede pedir un cuidado más escrupuloso en los aspectos que estamos tratando?
La valoración social del profesorado también es otra asignatura pendiente en nuestro país.
Campañas como la orquestada en torno al pin parental dan por hecho una irresponsabilidad por parte del profesorado de todo punto inadmisible. Son un ataque directo a su profesionalidad, demostrando una nula consideración social hacia el colectivo.
Estás campañas generadoras de opinión pública no son casuales. Utilizando técnicas mucho más depuradas que las clásicas campañas publicitarias, la utilización de las Redes Sociales se está demostrando bastante efectiva a la hora de generar opinión pública.
Es hora de plantearse, no sólo dentro de la formación inicial del profesorado sino de todo el profesorado en activo, un Plan de Formación en estas técnicas, para incorporarlas posteriormente a los Proyectos Educativos tanto de Primaria como de Secundaria y Bachillerato.
Debemos formar a nuestro alumnado, que usa las redes sociales de manera continua, a protegerse de las manipulaciones que reciben cada vez con mayor frecuencia.
Y en esto, es posible que estén de acuerdo tanto los sectores de derecha como los de izquierda.
A estas alturas, hablar de un Estatuto Docente que regule la profesión, que lleva más de 30 años esperando parece … de ilusos. Es una reclamación compartida por todos los sindicatos para establecer los criterios del acceso, la promoción y la formación, así como los derechos y obligaciones de los profesores. «Ha sido una promesa incumplida por todos los partidos que han estado en el Gobierno”
Sin embargo, se promete cada vez sin el menor rubor.
La última promesa, esta vez de Celaá, con respecto al profesorado hace hincapié en las cuatro grandes conclusiones de la jornada que, bajo el título Educar para el siglo XXI. Desafíos y propuestas sobre la profesión docente, organizó el Ministerio de Educación y Formación Profesional en noviembre de 2018 con el objetivo de elaborar una normativa.
- Acceso más restringido a la carrera,
- dos años de prácticas al estilo mir,
- formación permanente como un derecho y un deber
- evaluación voluntaria para crecer.
La ministra Celaá, dejó claro que quería conseguir «una reforma profunda e integral» en esta legislatura y que la de ayer era la jornada que daba el pistoletazo de salida.
A continuación, comentamos algunos detalles de las conclusiones de las citadas Jornadas.
Acceso al grado
Solo los mejores. El primer panel habló de la formación inicial. Todos tomaron nota de las dos pruebas que están haciendo en Cataluña como complemento a la selectividad (un test de comprensión lingüística y otro de razonamiento lógico-matemático) y que ha dejado fuera de la carrera al 40 % de los aspirantes.
Prácticas
Celaá trabaja en el diseño de «un proceso de inducción«, que es una especie de MIR descafeinado, porque, entre otras cosas, no contempla unas pruebas de ámbito nacional iguales para todas las autonomías ni es gestionado por el Estado, como el MIR de los médicos.
Tras la facultad, los alumnos podrán someterse a una prueba tipo mir y, antes o después, acabarán en las aulas durante dos años, donde aprenderán con maestros elegidos.
En cuanto a quién debe encargarse de esta formación en el aula, hubo acuerdo en que debe ser la Administración del Estado la que la defina, con la colaboración de las comunidades autónomas en la mesa sectorial y la ayuda de universidades y centros educativos.
Formación
Siete años de formación.La idea de Enguita se sostiene en que todos los expertos apostaban por una formación práctica tutorizada de dos años, al estilo mir, aunque con variables: cuatro años de grado, uno de máster y dos de mir o tres de grado, dos de máster y dos de mir. La ministra parece decantarse por un año de prácticas.
La relación Escuela-Universidad fue destacada durante todo el día, como eje de la formación permanente, transferencia de conocimiento y con profesores vinculados a ambos estamentos.
La ministra, eso sí, busca «mejorar la formación práctica de los futuros profesores» y para ello trabaja, en colaboración con los gobiernos autonómicos, en un cambio de la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente.
Formación, derecho y deber. Lo tenían claro los ponentes del último panel: cuando la Administración cambia el perfil del profesor (se potencian las TIC, por ejemplo) debe dar formación, que ha de ser obligatoria. Y el complemento será al estilo de lo que se hace en Galicia, en el colegio, para que se formen equipos, no docentes aislados. Los centros de formación (CFR) se quedarían como aulas de encuentro, como está pasando en Galicia.
Selección
El sistema está obsoleto. Marta Maroñas resumió que la asociación de estudiantes Cesed se formó porque se veía «como todo avanzaba, pero seguía el concurso oposición […]. Se selecciona a los mejores expedientes y no a los mejores docentes».
Evaluación permanente
Álvaro Marchesi (redactor de la Logse) presentó su propuesta de evaluación voluntaria: mide siete competencias (favorecer el aprendizaje de los alumnos, responder a su diversidad, usar las TIC, trabajar en equipo…); el profesor la gestiona con un portfolio (recopilación digital de documentos) que completa cada año explicando qué indicadores cumple de cada competencia; y la valorará la Administración.
Marcará el desarrollo profesional (con un sexenio se puede ser tutor de prácticas, con dos, directivo, con tres, inspector, con cuatro, profesor asociado a la universidad…) y supondrá un incremento salarial.
Las notas, aparte. Hubo una exigencia general: la evaluación no puede depender del rendimiento de los alumnos.
Manuel Morilla Jarén
Presidente de la S.P. Tartessos
Revista de Educación Tartessos 