No hace mucho tiempo que pasé por una situación desconocida por mí hasta ahora. Paso a relatarla.
Como cada principio de curso, en lo que se refiere al agrupamiento del alumnado de Primaria disponemos de unos criterios objetivos en nuestro Proyecto Educativo que fueron aprobados en su día por los órganos colegiados correspondientes y que pretende realizar una distribución heterogénea del alumnado que permita diversificar sus relaciones sociales, entre otras, al tiempo que su mejor integración social. No siempre las familias aceptan los cambios porque entienden que priman los deseos de sus hijos por encima de estos criterios. Pasados unos días de esa decisión, recibimos de un trabajador social de los Servicios Sociales comunitarios la noticia que hemos sido denunciados por maltrato institucional. Y es que la familia acudió a un centro hospitalario refiriendo que su hija lloraba y no quería comer porque no estaba en la clase de una amiga con una que se lleva muy bien. El médico que la atendió valoró la situación como maltrato institucional y procedió a formular la correspondiente incidencia que fue trasladada a los órganos correspondientes, en este caso los Servicios Sociales comunitarios. Una vez explicada la situación a este trabajador y motivada la decisión, se entendió que no había motivo para tal acusación. Citamos a la familia y le explicamos el motivo de la decisión y, a regañadientes, la aceptó. Posteriormente podemos decir que la integración y relaciones de esa menor no han sufrido, al contrario, se han enriquecido tal como pretendíamos.
Este hecho me hace reflexionar acerca de las posibles situaciones de maltrato institucional con que nos encontramos en los centros educativos.
Podemos definir el maltrato institucional a menores como ”cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual del profesional o funcionario de las mismas que comete abuso o negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño o de la infancia”[1].
Según Lorenzo Salamanca García, educador social del Ayuntamiento de Zamora[2], algunos indicadores del maltrato infantil serían (ASAPMI, 2018):
- Los derechos del niño no son el marco de referencia.
- No se responde a las características y necesidades de los menores.
- Las plantillas de profesionales son escasas y/o éstos realizan su labor en condiciones laborales precarias.
- Estrés laboral y falta de motivación por parte de los profesionales.
- Descoordinación entre los diferentes servicios con competencias en esta materia.
- Deficiente intercambio de información y comunicación entre los profesionales no ajustándose a los protocolos establecidos.
- Supervisión inadecuada del trabajo realizado por parte de los responsables de la misma.
- Cambios frecuentes de estrategias o propuestas de intervención sin
- justificación alguna o que respondan a criterios ajenos al interés específico en el menor.
- Espacios físicos y recursos insuficientes para responder a las necesidades de los menores.
- Ausencia de evaluación y seguimiento de las actuaciones iniciadas, así como la comunicación a los órganos de control.
Seguramente, cualquier docente o persona interesada en el tema que lea estos indicadores podrá identificarlos con claridad como presentes en muchas de las actuaciones diarias que se dan en la escuela. Pero nos vamos a centrar en algunas que considero especialmente presentes en nuestros días.
Desde el principio de curso los centros educativos están soportando las incidencias relacionadas con la sustitución de profesorado a través de SIPRI. Aunque se dice que su funcionamiento es acertado hay una serie de datos que lo contradicen. Desde que una persona presenta su parte de baja en el centro y éste lo comunica a la correspondiente Delegación Territorial apenas transcurren uno o dos días.
Pero una vez llegados a este órgano suele tardarse bastantes días hasta la incorporación de la persona sustituta al centro. Y eso porque desde que se sube a SIPRI la sustitución y se adjudica (martes y jueves) y se cita a la persona sustituta para dentro de varios días se produce ese retraso significativo en recibir la incorporación del sustituto o sustituta. En ocasiones, su presencia casi coincide con la incorporación de la persona a sustituir.
Esa es la realidad. No sé si por ahorrarse unos euros o por otros motivos que desconozco, el procedimiento de sustitución se dilata y ello produce situaciones complicadas en los centros que afectan gravemente el proceso educativo del alumnado implicado. Se les priva a estos alumnos de su derecho a la presencia de un maestro o maestra que atienda adecuadamente su proceso de aprendizaje. Si la persona a sustituir es generalista de Primaria, normalmente se organiza desde el equipo directivo un turno de atención a ese grupo de alumnos por parte de profesorado generalista que está en funciones de refuerzo pedagógico o de coordinación de ciclo o programa educativo o reducción horaria con lo que el malestar crece entre ellos.
Pero además el paso de varias personas a lo largo de la mañana suele generar disfunciones organizativas y de atención al alumnado y no es, por tanto, la mejor atención que se le debe dar al alumnado afectado que se ve privado y afectado seriamente en su proceso de aprendizaje.
En el caso de tratarse de especialistas la cuestión es más complicada porque no siempre hay profesorado de esa misma especialidad disponible en el centro para poder atender al alumnado. Y pienso en los maestros y maestras de inglés, francés, música, educación física o religión.
No parece justo que esos alumnos pierdan esas sesiones de materias curriculares por cuestiones que podrían resolverse fácilmente si desde la Administración educativa se pusiera más interés en priorizar la atención educativa del alumnado. Y me acuerdo también de un sistema de provisión de sustituciones que se reguló en la ORDEN de 8 de septiembre de 2010[3], por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación que permitía gestionar desde la dirección del centro la incorporación, en ocasiones de manea casi inmediata, del profesorado sustituto con lo que se reducía mucho el tiempo de deficiente atención al alumnado.
Otra cuestión es la de la ratio. Aun siendo un tema recurrente, es cierto que la ratio máxima para un aula de Primaria está en 25 alumnos, si bien, de manera extraordinaria se puede aumentar hasta un 10% y, con el RD 14/2012 (en vías de derogación) hasta un 20%.
Pero insisto, de manera extraordinaria. Lo que no es de recibo es que centros públicos de ciudades o de áreas metropolitanas cuenten con muchas aulas de Infantil y Primaria muy por encima de esa ratio como fenómeno normal. Y lo que es menos admisible es reducir plazas de entrada en el nivel de tres años en una localidad para crecer en el resto hasta 28 alumnos y así nos ahorramos todos los años una unidad en la localidad con lo que supone para las arcas de la CEJA pagando el alumnado y sus familias un precio muy injusto. Se ha venido jugando desde hace tiempo con esta medida de carácter extraordinario para convertirla en ordinaria. Y no se piensa en el perjuicio que se causa al alumnado cuando se superan las ratios.
No pensemos qué pasa con aquellos que presentan algún tipo de necesidad educativa porque el problema se agrava. Hablamos a menudo de la importancia de la atención a la diversidad, entendida esta como un principio educativo fiel reflejo de la diversidad presente en nuestra sociedad. Y entre las medidas de atención a esta diversidad no se encuentra por ningún lado la masificación de las aulas. ¿Podría pensarse también que estamos hablando de maltrato institucional?
Ligado a lo anterior, debemos considerar la atención por parte de profesorado especialista a aquellos alumnos que necesitan una respuesta educativa muy específica. A menudo encontramos en muchos centros una gran cantidad de alumnado valorado por el orientador/a del EOE como alumnos con necesidades educativas de apoyo específico.
Cuando queremos dar una respuesta especializada no siempre contamos con los recursos necesarios en los centros escolares. Para empezar, los departamentos de Orientación existen solamente en los IES, algo muy necesario ya que en estas edades la atención que prestan al alumnado es fundamental.
Pero no es menos importante su intervención en el comienzo de la etapa de Primaria (o, si se considera, de Infantil) donde los aprendizajes básicos son claves para facilitar el éxito escolar y donde una intervención específica de los profesionales del EOE de referencia o de un departamento de Orientación del propio centro podrían ser determinantes. Ya sabemos que la presencia de los orientadores de EOE en los colegios es un tema que suscita controversia porque su dedicación es muy limitada y ello influye decisivamente en la detección, valoración y establecimiento de medidas educativas concretas en casos de alumnos con necesidades educativas especiales.
Una Administración más sensible en relación a esta situación podría adoptar determinadas medidas orientadas a mejorar la atención al alumnado que presente algún tipo de necesidad y atenderlo a la mayor brevedad posible tal como se establece en la normativa sobre currículo, evaluación y atención a la diversidad.
Aunque es cierto que cada día la sensibilización social acerca del maltrato a la infancia es mayor, no cabe duda de que el estilo de vida, hábitos y rutinas diarias, así como una falta de formación pueden conducir a estas posibles situaciones de maltrato institucional.
Desde la propia escuela se puede favorecer el maltrato institucional en muchas de las medidas que se adoptan ante la presencia de posibles indicadores de maltrato infantil.
El profesorado puede tener constancia o sospecha de ciertas medidas familiares que se podrían catalogar como de maltrato infantil.
Es frecuente ver cómo se detecta la presencia de alumnos que llegan sistemáticamente tarde al colegio y esa ausencia no queda suficientemente registrada o comunicada a progenitores u órganos competentes para darle la inmediata respuesta y solución; en ocasiones llegan sin desayunar o con un desayuno poco saludable cuando no escaso.
No solamente en la entrada a clase, también en la recogida del alumnado es frecuente ver cómo hay progenitores que no se presentan en el centro de sus hijos a la hora de salir, llegan tarde o simplemente se les olvida que hay que recogerlos y entonces desde la tutoría y la dirección del centro hay que ponerse en contacto con ellos y esperar respuesta o, incluso, recurrir a la intervención de otros agentes con el consiguiente perjuicio al menor.
También la vestimenta es otro elemento a tener en cuenta ya que no es raro ver cómo en determinadas épocas del año hay alumnos que van al colegio con una vestimenta que no es nada adecuada para resguardarse de las inclemencias meteorológicas; en épocas de frio o lluvia pueden llegar alumnos con una escasa protección frente a estos elementos. No olvidemos cuando detectamos que hay niños y niñas que llegan a la escuela con sueño y se quedan dormidos en clase porque se acostaron tarde (a veces ocupados en actividades poco recomendables para esas edades) y ello influye de manera determinante en su rendimiento escolar cuando no en su socialización.
El aseo e higiene son otro de los elementos que pueden llamar la atención sobre posibles situaciones de maltrato ya que una deficiencia en ambos puede constituir un serio atentado contra la salud o la dignidad del que lo sufre.
| ESTRUCTURA DE LAS SESIONES. PRIMER MÓDULO: Parte teórica. Entrega del tema y/o materiales de la sesión y profundización en los aspectos claves. Aspectos legislativos. SEGUNDO MÓDULO: Parte práctica. Supuestos de examen y exposiciones prácticas para entrenar la puesta en escena de tu planteamiento. Preparación de la programación y las unidades didácticas con cada una de sus sesiones. PRECIOS El precio del temario completo (venta online) es de 180 €. Consultar con el preparador de cada especialidad Modalidad presencial. Sesiones quincenales. (dos veces al mes) CURSO 2019/20. 90 euros. Matrícula: NO tenemos matrícula este curso.Con el pago de septiembre 2019 se abona el mes de junio 2020. Modalidad semipresencial. Tutoría personalizada una vez al mes en sesión de una hora y seguimiento online**. 100 euros. **Esta modalidad no está disponible para todas las especialidades. Consultar con el preparador. |
Por último, la poca dedicación que se puede mostrar desde el ámbito familiar como reforzador de los aprendizajes escolares puede constituir una actuación que entra dentro del maltrato infantil ya que no se les presta la atención educativa suficiente.
Pues bien, estas y otras situaciones que se pueden detectar o sospechar en el día a día de la escuela pueden convertir al profesorado en cómplice o encubridor de posibles situaciones de maltrato infantil con lo que se añade el adjetivo de “institucional” ya que no siempre se cumple con la obligación de intervenir de manera directa y activa frente a esas evidencias o sospechas y, por tanto, se mantiene o refuerza la posible situación de maltrato. Y la ignorancia del conocimiento de sus obligaciones o la falta de diligencia en sus actuaciones no exime al profesorado y equipos directivos de su cumplimiento.
| CONTACTO: actividadesrecreo@gmail.com 660 72 97 53 // 606 03 24 57 |
Al contrario, podría considerarse como agravante ya que la responsabilidad es muy alta en lo que se refiere a tutela y atención a menores en situación de riesgo de maltrato, cuando no ante evidencias que pueden considerarse como síntomas de menores maltratados.
Una adecuada formación de los profesionales de la educación sobre el tema de maltrato a la infancia se hace necesaria. Y no solamente para identificar las posibles evidencias o indicadores de cualquiera de los tipos de maltrato infantil existentes sino también porque la intervención inmediata puede ser determinante para liberar a los menores de esas situaciones.
No olvidemos que los docentes somos directamente responsables en la identificación e intervención en situaciones de maltrato y, por ende, la Administración educativa a la que representamos en nuestra función tutorial. Y esta responsabilidad no se limita a la persona física sino también a la institución que representamos por lo que el posible maltrato pasa a ser institucional.
Debemos ser muy conscientes de la importancia de nuestro papel y de las obligaciones que conlleva ya que depende en gran medida el éxito escolar y social del cumplimiento de nuestra obligación.
[1] Martínez, A y Sánchez J.J. (noviembre de 1989). Malos tratos institucionales. En A. Martínez (Presidencia), I Congreso estatal sobre la infancia maltratada. Barcelona
[2] El maltrato institucional de los niños. Una aproximación desde la praxis socioeducativa con niños en desventaja. Revista de Educación Social nº 27.
Revista de Educación Tartessos 